Bruselas ultima el quinto pago de los fondos europeos con dudas sobre su cuantía por no subir los impuestos al diésel

España está pendiente de que Bruselas dé el visto bueno a un nuevo desembolso del plan de recuperación, el quinto desde que la UE puso en marcha el colosal programa de ayudas tras el hundimiento económico provocado por la pandemia. Este tramo incluye 8.000 millones en subvenciones y unos 16.000 en préstamos, pero hay dudas sobre si el Ejecutivo comunitario abonará el importe completo, puesto que uno de los hitos comprometidos para recibir el pago se ha quedado en el aire: la subida fiscal al diésel.

El Gobierno hizo varias carambolas entre finales del año pasado y principios de 2025 para que la medida saliera adelante en el Congreso, pero la iniciativa acabó cayendo en saco roto por la negativa de varios aliados del bloque de investidura a apoyarla. Más allá del trasfondo político, lo normal es que el incumplimiento de este hito origine una minoración en la cuantía de fondos europeos, aunque fuentes oficiales tanto nacionales como comunitarias aseguran que las conversaciones entre Madrid y Bruselas siguen abiertas y no se ha tomado aún una decisión firme al respecto. ¿Cuánto perdería España? Eso también depende de la negociación abierta entre las dos partes.

“La evaluación está en curso y comunicaremos nuestras conclusiones a su debido tiempo. Esta quinta solicitud de pago es una de las más cuantiosas que la Comisión ha tenido que evaluar hasta la fecha, con un valor aproximado de 24.000 millones de euros y 84 hitos”, destacan fuentes de la Comisión. “Por lo tanto, requiere tiempo suficiente para una evaluación exhaustiva. La Comisión está colaborando estrechamente con las autoridades españolas para completar su evaluación de esta quinta solicitud de pago lo antes posible”.

El desembolso de los fondos vinculados al plan de recuperación funciona según una mecánica aparentemente sencilla: los Estados se comprometen a realizar determinadas reformas e inversiones en sectores determinados y ámbitos estratégicos para desbloquear cada tramo. En realidad, en paralelo hay una negociación constante tanto técnica como política, de interpretaciones sobre los objetivos y su alcance —ya ha habido discrepancias de visiones en el pasado— y de reformulaciones de los programas. España solicitó el quinto desembolso a finales del año pasado.

Tampoco es la primera vez que España llega al examen con Bruselas sin tener toda la tarea hecha. El anterior pago, el cuarto, se liberó en junio del año pasado con una minoración de 158 millones sobre los 9.842 millones previstos. El Gobierno se había comprometido a reformar el subsidio por desempleo que se había quedado en suspenso, de nuevo, por tensiones con sus socios —Podemos tumbó la primera intentona de remendar parcialmente el seguro de desempleo—. Finalmente, la merma llegó por incumplir con un programa de contratación de trabajadores encargados de ayudar a las empresas en la transición digital, el llamado programa de agentes del cambio. El tira y afloja entonces, que se alargó más de la cuenta al cruzarse las elecciones europeas, acabó con una rebaja pequeña para lo que podría haber sido, puesto que la reforma del subsidio se aprobó durante el proceso de evaluación formal.

Pero la subida fiscal al diésel ha tenido un desarrollo de acontecimientos muy distinto, más ligado a intereses políticos que a las hojas del calendario. El gasóleo se beneficia de una bonificación que Bruselas pide eliminar para que su tributación se iguale a la de gasolina, y que supondría un encarecimiento de unos 11 céntimos por litro repostado. El Gobierno ya había intentado en la pandemia igualar los tipos de los dos combustibles. El Ejecutivo de coalición de PSOE y Unidas Podemos trató entonces de incluir el alza en los Presupuestos Generales del Estado de 2021, pero los nacionalistas vascos se opusieron frontalmente a la medida.

El Ejecutivo volvió a intentar la jugada a finales del año pasado e incluyó la equiparación fiscal del diésel a la gasolina en su plan de reforma fiscal, pero la iniciativa fue rechazada en la comisión de Hacienda del Congreso —en ese caso, fue Podemos quien dio la estocada con un giro inesperado de última hora—. Además de la subida al gasóleo decayeron otras medidas, como el alza del IVA al 21% para los pisos turísticos, dejando el texto final descafeinado con respecto a la ambición inicial de los socios de la coalición y escenificando la dificultad para legislar de un Gobierno en minoría.

De hecho, el compromiso con la UE de subir la fiscalidad del gasóleo forma parte de una batería más amplia de medidas en ámbito tributario: la implementación de las recomendaciones del comité de expertos de Hacienda, que presentó sus conclusiones en marzo de 2022 en un extenso informe que aborda el sistema fiscal en su conjunto —y que se ha abordado de forma residual—, y otros análisis del ministerio en distintos ámbitos de tributación. La estimación ofrecida por el Ejecutivo es que, tras la entrada en vigor del conjunto de medidas (que conforman el hito 388) —junto con la limitación a la compensación de bases imponibles negativas en el impuesto de sociedades, que no forma parte de los compromisos del plan de recuperación—, la recaudación se incrementará en al menos 0,3 puntos porcentuales del PIB.

Tras la difícil negociación del paquete fiscal, el Ministerio de Hacienda aseguró que seguiría negociando con sus aliados la equiparación tributaria para presentarla como pieza separada en el Congreso, mientras que Bruselas concedió un tiempo adicional, hasta finales de marzo, para aprobarla. Un plazo que ha terminado sin que se hayan concretado avances.

Hay otro elemento que juega en contra de España en el capítulo del diésel: la propia redacción del texto de este hito. A diferencia de lo que ha sucedido con otros compromisos, de reacción más ambigua, en este no hay margen para la confusión al decir expresamente que tiene que “entrar en vigor el aumento del impuesto al diésel”.

Debajo de la media

Una parte extensa del Libro Blanco sobre la Reforma Tributaria que presentaron en 2022 los expertos reunidos por Hacienda está dedicada a la fiscalidad medioambiental. El documento recuerda que España está rezagada en esta rúbrica —cuya organización es además ineficiente, por estar repartida entre distintos niveles istrativos— y recomienda medidas para ingresar entre 5.941 millones y 15.023 millones de euros adicionales. Una de las sugerencias que lanza es la equiparación de la tributación del diésel a la gasolina, una iniciativa que podría recaudar, según las estimaciones que presentaron, hasta 2.600 millones sin dejar exentos a los profesionales.

Organismos como el FMI o la OCDE también han recomendado a España en varias ocasiones que profundice en los impuestos verdes. La sugerencia más reciente viene del mismo Ejecutivo comunitario, que en el documento sobre el semestre fiscal europeo publicado la semana pasada recuerda que los impuestos ambientales están por debajo de la media de la UE, al suponer en recaudación un 1,52 % del PIB frente al 2,02 % de la UE en 2022.