Cinco familias atrapadas en la finca de los horrores de la Sareb en Cádiz: “Esto es inhumano”

Hace ya meses que Marta pasó a mejor vida, pero su prole le ha tomado el testigo. Las cinco familias que viven de alquiler en el número 19 de la calle de Javier de Burgos de Cádiz tiraron de fina ironía para bautizar a la rata más gorda del lugar antes de conseguir aniquilarla. Tanto el humor como ese destino final, a base de pegamento y queso gouda, fueron en legítima defensa. Ambos son mecanismos para sobrevivir como se puede a un infierno de humedades, derrumbes, plagas y bajantes destrozadas que obligan hasta a algunos vecinos a hacer sus necesidades en una bolsa. Viven desde hace más de dos años en “la inhumanidad” —como la define con tino Desirée Gómez, una de las afectadas—, en la que se vieron atrapados cuando la sociedad estatal Sareb se hizo con la propiedad de su inmueble.

El penetrante olor a aguas fecales que invade la planta baja del inmueble muta al de humedad de las otras tres alturas. Hace ya tres meses que la bajante general reventó y vierte las aguas negras a un bajo abandonado, atestado de muebles y basura, así que Óscar Bottaro y su pareja, vecinos del primero, llevan ese tiempo haciendo sus necesidades “en una bolsa”.

Hay desprendimientos y derrumbes acá y allá, como el que tiene casi suspendida en el aire la bañera del cuarto baño de Nawal Abid y sus cuatro hijos, los inquilinos del segundo. Las grietas de las cubiertas se convierten en cataratas de interior cada vez que llueve en las casas de Gómez y sus vecinos de puerta del tercero, Abderrazak Salim, su mujer Khaula y sus hijos. “Consuelo a los niños diciéndoles que al menos tienen un techo, que miren cómo están en Gaza, pero me contestan que ellos no están en una guerra”, explica desesperada Khaula.

De hecho, el 19 de Javier de Burgos presume de estar en pleno epicentro del gentrificado casco histórico de Cádiz. Rodeada de monumentos, museos, sitios de interés y tiendas cuquis para turistas, la finca es un viaje en el tiempo a las décadas más aciagas de esa infravivienda en la ciudad, que incluso motivó hace 30 años un plan especial y pionero de rehabilitación de la Junta de Andalucía.

Pero no era así cuando Salim entró a vivir en el tercero en 2004, como inquilino de una habitación de un piso de estudiantes que acabó convirtiéndose, a la larga, en su domicilio familiar. Por aquel entonces, la casa pertenecía a una inmobiliaria que hacía negocio con viviendas de alquiler de temporada. Y así fue hasta que, en 2016, comenzaron unos problemas de impago que dieron lugar, primero, a unos embargos de Hacienda y a que la finca pasase finalmente en 2022 a manos de la Sareb, conocida popularmente como el banco malo.

La degradación que el edificio venía arrastrando paulatinamente se agudizó a partir de esa fecha, monitoreada por la Delegación de Urbanismo del Ayuntamiento de Cádiz, a la que le constan problemas acuciantes en el edificio desde hace más de cuatro años. El último informe de la concejalía, fechado el 21 de mayo de 2025 y al que ha tenido EL PAÍS, es demoledor. Relata “graves daños” por falta de mantenimiento, filtraciones, humedades, desprendimiento y la presencia de roedores e insectos.

También habla de vigas podridas, fisuras en muros, fallos estructurales y problemas de electricidad y saneamiento tan deficientes “que impiden que el edificio reúna las condiciones mínimas de seguridad, habitabilidad y funcionalidad exigibles”. El consistorio daba entonces un plazo de cuatro días para hacer obras de reparaciones e informaba al propietario de que los expedientes sancionadores seguían su curso por separado.

Pero la Sareb no apareció tampoco entonces. Tuvo que denunciar la situación la Asociación Pro Derechos Humanos de Cádiz, en un comunicado lanzado la semana pasada, para motivar una reacción de la sociedad estatal. La entidad no se anda ahora con rodeos, dice “lamentar mucho lo ocurrido”. “Estamos intentando solventarlo, lo sentimos mucho”, redundan fuentes de la Sareb a EL PAÍS, que aseguran haber encomendado a dos técnicos acudir al inmueble y al consistorio para establecer “líneas de colaboración y agilizar al máximo las actuaciones”. Urbanismo confirma que ese o ya se ha producido, pero también aclaran que los técnicos de la Sareb ya eran conocedores de la situación de la finca desde hace años.

En todo este tiempo, esos mismos representantes se escudaban ante el Ayuntamiento en que no realizaban las obras requeridas porque los inquilinos no estaban en situación legal, según explican fuentes conocedoras de esos encuentros. Pese a que esa razón no era óbice para la dejación, tampoco era real. Gómez y las otras cuatro familias aseguran tener contratos legales y vigentes por los que pagaban alquileres de entre 300 y 400 euros.

Salim relata el calvario burocrático en el que se vieron sumidos con el embargo del inmueble que luego mutó en el silencio más absoluto cuando entró en escena la Sareb. “No había forma de encontrar a quién teníamos que pagar la renta, nunca se han puesto en o con nosotros”, explica el inquilino del tercero. El desamparo escaló cuando en la madrugada de agosto de 2023 se presentó la policía para desahuciarles. “Llegaron gritando ‘¡venga, los okupas, fuera!’, pero cuando les enseñamos nuestros contratos, se fueron”, según relata Gómez.

El caso desembocó en una sentencia de noviembre de 2023 del Juzgado de Primera Instancia Número 2 de Cádiz que dio la razón a la mayoría de los inquilinos y consideró legales sus alquileres. La Sareb también confirma este extremo y asegura haber subrogado sus contratos sin más inconveniente, aunque Gómez muestra el intento que 11 meses después realizó la propiedad de volverla a sentar en el banquillo por el mismo motivo y que un juzgado acabó archivado.

Mareados por la maraña legal y burocrática y atrapados en un inmueble sin las condiciones mínimas de habitabilidad, los vecinos, descreídos, denuncian que ninguna istración les ha dado amparo. “El camino va de Urbanismo a Servicios Sociales [del Ayuntamiento] y allí nos dicen que tenemos que vernos sin casa para que nos ayuden. Pero yo prefiero morirme aquí porque se me caiga un techo, que verme en la calle con las maletas. En Cádiz no hay nada para poder alquilar”, denuncia Abid desesperada.

Este pasado martes 10 de junio, después de que el caso se haya hecho público, dos operarios subcontratados por la Sareb han aparecido en el inmueble para desalojar los muebles raídos y mojados por aguas negras del bajo abandonado. A media mañana también ha acudido José Manuel Cossi, concejal de Urbanismo para conocer de primera mano la situación.

Salim les ha podido explicar cómo ellos mismos se arremangaron hace meses para limpiar todas las aguas fecales para que un fontanero, pagado por ellos, intentase arreglar sin éxito el problema de las bajantes. “Nos levantamos a las cinco de la mañana por los gritos de mis hijos con cucarachas en la cara, ¿esto es una ciudad europea?”, se queja indignado. A su lado, pasa uno de los operarios con un microondas podrido cogido del cable que saca de la casa deshabitada, se gira y espeta: “Esto es un infierno”.